Confusión, deudas, martingalas y porrazos
07/11/2010 JOSÉ LUIS Trasobares Gavín/El Periódico de Aragón
Al Ayuntamiento de Zaragoza ya no le llega para echar gasofa a los coches de la Policía Local ni para pagar las comidas de la Casa Amparo. El próximo alcalde de Teruel (Manuel Blasco, del PP) saldría corriendo si pudiese, pues debe hacerse cargo de una institución arruinada. La Guardia Civil es enviada al polígono de Pedrola para que ahostie a los currantes de Lear por osar defender sus derechos más elementales. Es la crisis, dicen: el ajuste, la quiebra, la deslocalización, el pitorreo. Los políticos parecen confundidos, la opinión pública está desorientada, la gente del común tiene miedo. Menos mal que la Benemérita está ahí, como manda la tradición, para mantener el orden y que los corsas sigan saliendo de la cadena con asientos.
Cuando suelo comentar el escaso tino de algunas grandes inversiones públicas llevadas a cabo en Aragón (lo mismo que en otros lugares de España), algunas personas me reprochan que pongo el acento en el gasto y me olvido de los ingresos. Pero, bueno, eso se debe a que doy por sentado un hecho: las administraciones recaudan lo que recaudan, y con eso se han de apañar. Bien estaría reducir drásticamente el fraude fiscal, apretarles las tuercas a los que más tienen y mejorar la financiación de Aragón. Pero en todo caso la regla del buen contable está en cuadrar las cuentas. ¿Que no hay para todo? Pues establézcanse las correspondientes prioridades y suprímase lo superfluo.
El debate, entonces, gira sobre qué es fundamental y qué accesorio. Las comidas que sirve la Casa Amparo a mí me parecen algo esencial, insoslayable. Pero hay otras personas, empezando por los altos responsables municipales de la Ciudad Inmortal, que considerán tan importante o más seguir adelante con una nueva expo (la del 2014) que debe ponernos por fin en aquellos mapas donde ya debía habernos situado la expo anterior (la del 2008). Algo así ha debido pasar en Teruel, cuyos vecinos deben más de mil setecientos euros per cápita pero disponen de un flamante aeródromo y de una vía perimetral tan amplia (y con tan escaso tráfico) que también en ella podrían aterrizar aviones.
Destacados políticos aragoneses, apoyados por las organizaciones y entidades que integran el Sistema, creen que los fondos institucionales deben servir para dinamizar la economía; pero no tanto mediante el mantenimiento de unos buenos servicios públicos como a través de proyectos y actividades capaces de generar retornos y promover la actividad de las empresas privadas. Expos, estadios, palacios (de hielo, de congresos, de lo que sea), circuitos deportivos, intentonas olímpicas, megainfraestructuras, superedificios, pistas de esquí... El dinero sale a espuertas. Dicen que luego volverá multiplicado. Es una idea muy extendida, En Galicia y Cataluña incluso la han aplicado a la visita del Papa, la cual, aunque cueste millones a los contribuyentes, llenará hoteles, restaurantes y tiendas de souvenirs. Y replico yo: si vamos cortos de pasta, ¿por qué no se aplica el criterio de que en materia de ocurrencias, verbenas, liturgias y caprichos se pague cada cual lo suyo?
Derechos constitucionales a porrazos
5. Noviembre 2010 Editorial/Crónica de Aragón
Dice el artículo 104 de la Constitución Española que “las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Sin embargo, a la hora de llevar a la práctica este mandato, el Gobierno de turno suele mostrar su brazo coercitivo para garantizar sólo unos derechos constitucionales (casualmente, los más cercanos a los grandes poderes económicos) en detrimento de otros.
Un ejemplo de esta actitud tramposa la pudimos observar ayer cuando los efectivos antidisturbios de la Guardia Civil apalearon a unos trabajadores en huelga que intentaban impedir que su empresa redujese a la nada este derecho constitucional.
Frente al almacén de la empresa Lear en Pedrola, los guardias civiles sólo garantizaron el derecho a la libre circulación de personas y bienes (artículos 19 y 139 de la Constitución Española), a la libre empresa y a la productividad (art. 38), así como el derecho de las autoridades a conocer las movilizaciones convocadas en lugares de tránsito público (art. 21).
Sin embargo, los antidisturbios de la Guardia Civil (cumpliendo en todo caso las órdenes recibidas de la autoridad competente) no movieron un solo dedo para garantizar el derecho constitucional a la huelga impidiendo que los trabajadores que secunden los paros sean sustituidos por otros (art. 28.2), a un trabajo con remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y familiares (art. 35.1), o a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios (art. 37.1).
Ayer en Pedrola, lo único que importaba a la Guardia Civil y a la autoridad de la que depende, es que la factoría de Opel–España recibiese a tiempo los materiales necesarios para su funcionamiento, aunque éstos hubieran sido elaborados por trabajadores sustitutos de otros en situación de huelga legalmente convocada para rechazar el despido de 80 compañeros.
Parece que el profesor de Derecho Constitucional y Delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, tiene una forma un tanto peculiar y sesgada de interpretar los preceptos de nuestra Carta Magna.
