La tramitación de la nueva Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) encara su
recta final. Y no sin críticas, fundamentalmente del Ayuntamiento de
Zaragoza, que no ha dudado en expresar públicamente sus objeciones ante
una normativa que, a su juicio, supone un importante perjuicio para la
autonomía municipal. Un motivo más de desencuentro entre ambas
administraciones.
Estos reparos ya han sido plasmados en un
documento de más de 90 páginas con 108 propuestas en las que desde el
área de Urbanismo se reclama la subsanación de cuestiones
administrativas y jurídicas, pero también de planeamiento. El Ejecutivo
autonómico ha aceptado el 60% de las propuestas pero, según fuentes
municipales, todas ellas cuestiones de forma y no de fondo.
La
principal objeción se fundamenta en que desde el servicio de Urbanismo
se considera que con la nueva norma deja la puerta abierta a un sistema
de "congestión residencial", dado que el proyecto de decreto pretende
eliminar el límite de densidad que debe regir en una parcela en
desarrollo, que ahora está en 75 viviendas por hectárea en suelo
urbanizable o 150 viviendas por hectárea en urbano. De este modo, al
eliminar el límite máximo de viviendas el consistorio considera que se
favorece un modelo desarrollista que dependerá solo de la presión de los
mercados.
Menos equipamientos
El nuevo texto que
regirá el urbanismo en la comunidad también relaja las obligaciones en
materia de equipamientos, que se reduce a menos de la mitad en los
sectores de mil viviendas o más. Y, según la valoración de los técnicos
de Urbanismo, con efectos retroactivos, con lo que áreas que actualmente
se encuentran en ejecución podrían acogerse a esta nueva norma. Se
acabaría de este modo con las reservas de suelo que se realizan
actualmente en el planeamiento para que se construyan equipamientos
docentes, sociales o deportivos para los ciudadanos.
Si
actualmente se deben reservar diez metros cuadrados por vivienda en los
sectores de 50 a 100 pisos y 36 metros cuadrados para los que superen
las mil viviendas, la nueva LUA solo obliga a reservar 15 metros
cuadrados por vivienda en todos los casos, independientemente del número
de pisos del área en cuestión. Y, además, las críticas municipales se
centran también en que no es preciso detallar cuál será la función de
los equipamientos para los que se reserva suelo.
Es decir, según
fuentes municipales, una "situación ideal" para "aumentar el número de
viviendas y disminuir los equipamientos", lo que, a juicio del
consistorio zaragozano, tal y como ha expresado en el documento, supone
"un retroceso en la calidad urbanística de los nuevos sectores". Según
las cuentas del ayuntamiento, en el caso de Zaragoza habría supuesto, de
haber estado vigente este articulado, la desaparición de 3,5 millones
de metros cuadrados en equipamientos.
Obligación "lesiva"
El
ayuntamiento también considera "lesivo" para sus intereses el intento
de obligar a los consistorios a someter a informe vinculante de la DGA
no solo los planes generales, sino también los de desarrollo, es decir,
los planes especiales o parciales, de modo que se cercena la posibilidad
de los consistorios de decidir. Tampoco gusta en el servicio de
Urbanismo que se elimine la obligación de licitar el suelo en un periodo
determinado de tiempo --actualmente, 20 años en el caso del suelo
urbanizable--.
Ni que el decreto no incluya un catálogo de
patrimonio edificado de interés, lo que a juicio del consistorio hace
"más laxa" la norma en cuanto a la protección del patrimonio. Al igual
que se establezca que lo que no está expresamente prohibido pueda ser
autorizable. Una cuestión que también abriría la mano al dominio del
mercado, según los reparos plasmados en el documento.
