- Que el servicio de saneamiento, en cualquier pueblo o ciudad, es parte esencial del ciclo integral del agua, y por ello debería ser gestionado de forma integrada con el abastecimiento. Este servicio encierra una fuerte responsabilidad de todos para con nuestros ríos, y en particular de Zaragoza para con nuestro Ebro, que tanto decimos querer; así como unas obligaciones legales, marcadas por la Directiva Marco de Aguas para 2015, que hoy no se están cumpliendo, a pesar de las grandes inversiones realizadas. Ello puede llevarnos a sufrir sanciones, si no se corrige el lamentable estado de los ríos en los tramos afectados por los vertidos de muchas de las actuales depuradoras, allí donde existen.
- El Plan de Saneamiento de Aragón, presentado en su día como un ejemplo de ingeniería financiera, ha supuesto en realidad una privatización encubierta del servicio. Por otro lado, el sobredimensionamiento interesado de infraestructuras, así como el uso de tecnologías con alto coste de mantenimiento, inadecuadas para pequeños núcleos urbanos, han llevado al colapso del Plan. La pretensión de la DGA de que Zaragoza entre a pagar el correspondiente canon, siendo que venimos pagando ya nuestra propia depuradora, más allá de injusto, supondría cargar este enorme fiasco sobre los zaragozanos. Por ello pedimos a esta corporación se mantenga firme, al margen del citado Plan, y exija su reelaboración de forma rigurosa y abierta a la participación ciudadana.
- En Zaragoza, la pieza clave del servicio de saneamiento ha venido siendo la depuradora de la Cartuja, gestionada desde su construcción por la multinacional francesa Veolia, de forma oscura y sin controles eficaces del Ayuntamiento; lo que ha supuesto una sistemática degradación de sus instalaciones y un servicio ineficiente que se traduce en que el Ebro, tras la depuradora, prácticamente no tenga vida. Sería necesario realizar un balance, con el correspondiente debate ciudadano sobre esta experiencia de privatización, que desgraciadamente no se ha hecho. Por todo ello, no se entiende que se prorrogara el contrato hasta el 2024. A nuestro entender, más allá de que el Ayuntamiento mejore su control sobre el servicio, debería organizarse una comisión ciudadana de inspección y seguimiento, amparada por el Ayuntamiento, así como establecer claramente la obligación por parte de la empresa de garantizar el buen estado ecológico del río en el tramo de afección, tal y como exige la DMA.
- Habiendo analizado la memoria presentada a este Ayuntamiento por la empresa Deloitte, nos preocupa sobremanera que se pretenda cambiar el concepto de “tasa” por el de “precio privado”, en el recibo del agua y saneamiento, introduciendo el derecho al lucro y degradando el concepto de servicio público a una visión de puro negocio. Ello comportará fuertes subidas en el recibo, en la parte del saneamiento, que crecerá por encima del abastecimiento, para poder cubrir, no sólo la amortización de lo que la empresa privada pague ahora, sino también los cuantiosos beneficios que se suelen derivar de este tipo de contratos.
- El hecho de que el 51% del capital de la empresa mixta sea municipal no garantiza, de por si, el control efectivo del servicio por parte del Ayuntamiento si, como se propone en la memoria de Deloitte, se cediera a esa multinacional el control efectivo de la gestión. En lo que se conoce internacionalmente como el “modelo francés de privatización”, el control de estas multinacionales no se realiza a través de la mayoría accionarial, sino desde el monopolio de la información y el blindaje de lo que se denomina el “mercado de inputs secundarios”. Ésta es, de hecho, la estrategia con la que se pretende privatizar en Madrid el Canal de Isabel II y en Barcelona la empresa Aguas del Ter-Llobregat. A falta de una información más precisa, que pudiera variar el contenido de la memoria de Deloitte, nos preocupa que se llegue a desarrollar en Zaragoza esta sofisticada, pero efectiva, forma de privatización.
- Nos preocupa, por último, que se concesione el servicio por 40 años, sin desarrollar un debate ciudadano serio, pues eso puede hacer inviable cualquier intento de reversión futura. Si en algún momento se intentara, y a falta de conocer las condiciones específicas del contrato, la multinacional no sólo exigiría el dinero que entregue al Ayuntamiento ahora, sino también los “beneficios esperados” en esos 40 años, como de hecho ha ocurrido en otros casos similares. El hecho de que esta corporación haya sido elegida por 4 años, contrasta con ese plazo de 40 años, y más si tenemos en cuenta que ningún partido llevó este proyecto en su programa electoral…
- El que se debatiera esto en el pleno del 20 de julio y se fijara un plazo de información pública, en vacaciones, que culminó el 20 de agosto, resulta a todas luces insuficiente.
Por
todo ello SOLICITAMOS
La
suspensión del procedimiento en curso y la apertura de un nuevo
periodo de información pública y debate ciudadano de cuando menos
dos meses, conforme a las normas de participación pública
ambiental.
Fundación
Nueva Cultura del Agua, ANSAR, UGT (Área de Medioambiente), CCOO,
Federación de Barrios de Zaragoza, Unión de Consumidores de Aragón,
Ecologistas en Acción de Aragón, CGT, Ingeniería sin Fronteras,
Asociaciones de Vecinos de Venecia, San José, La Paz y Torrero. (Manifiesto leído el vierne 28 de septiembre en el Pleno municipal)
