domingo, 4 de noviembre de 2012

URBANISMO O DESARROLLISMO


La tramitación de la nueva Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) encara su recta final. Y no sin críticas, fundamentalmente del Ayuntamiento de Zaragoza, que no ha dudado en expresar públicamente sus objeciones ante una normativa que, a su juicio, supone un importante perjuicio para la autonomía municipal. Un motivo más de desencuentro entre ambas administraciones. 

Estos reparos ya han sido plasmados en un documento de más de 90 páginas con 108 propuestas en las que desde el área de Urbanismo se reclama la subsanación de cuestiones administrativas y jurídicas, pero también de planeamiento. El Ejecutivo autonómico ha aceptado el 60% de las propuestas pero, según fuentes municipales, todas ellas cuestiones de forma y no de fondo.

La principal objeción se fundamenta en que desde el servicio de Urbanismo se considera que con la nueva norma deja la puerta abierta a un sistema de "congestión residencial", dado que el proyecto de decreto pretende eliminar el límite de densidad que debe regir en una parcela en desarrollo, que ahora está en 75 viviendas por hectárea en suelo urbanizable o 150 viviendas por hectárea en urbano. De este modo, al eliminar el límite máximo de viviendas el consistorio considera que se favorece un modelo desarrollista que dependerá solo de la presión de los mercados.

Menos equipamientos

El nuevo texto que regirá el urbanismo en la comunidad también relaja las obligaciones en materia de equipamientos, que se reduce a menos de la mitad en los sectores de mil viviendas o más. Y, según la valoración de los técnicos de Urbanismo, con efectos retroactivos, con lo que áreas que actualmente se encuentran en ejecución podrían acogerse a esta nueva norma. Se acabaría de este modo con las reservas de suelo que se realizan actualmente en el planeamiento para que se construyan equipamientos docentes, sociales o deportivos para los ciudadanos.

Si actualmente se deben reservar diez metros cuadrados por vivienda en los sectores de 50 a 100 pisos y 36 metros cuadrados para los que superen las mil viviendas, la nueva LUA solo obliga a reservar 15 metros cuadrados por vivienda en todos los casos, independientemente del número de pisos del área en cuestión. Y, además, las críticas municipales se centran también en que no es preciso detallar cuál será la función de los equipamientos para los que se reserva suelo. 

Es decir, según fuentes municipales, una "situación ideal" para "aumentar el número de viviendas y disminuir los equipamientos", lo que, a juicio del consistorio zaragozano, tal y como ha expresado en el documento, supone "un retroceso en la calidad urbanística de los nuevos sectores". Según las cuentas del ayuntamiento, en el caso de Zaragoza habría supuesto, de haber estado vigente este articulado, la desaparición de 3,5 millones de metros cuadrados en equipamientos.

Obligación "lesiva"

El ayuntamiento también considera "lesivo" para sus intereses el intento de obligar a los consistorios a someter a informe vinculante de la DGA no solo los planes generales, sino también los de desarrollo, es decir, los planes especiales o parciales, de modo que se cercena la posibilidad de los consistorios de decidir. Tampoco gusta en el servicio de Urbanismo que se elimine la obligación de licitar el suelo en un periodo determinado de tiempo --actualmente, 20 años en el caso del suelo urbanizable--. 

Ni que el decreto no incluya un catálogo de patrimonio edificado de interés, lo que a juicio del consistorio hace "más laxa" la norma en cuanto a la protección del patrimonio. Al igual que se establezca que lo que no está expresamente prohibido pueda ser autorizable. Una cuestión que también abriría la mano al dominio del mercado, según los reparos plasmados en el documento. 

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