martes, 2 de febrero de 2010

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, UNA CARRERA DE OBSTÁCULOS

Más que nunca las actuaciones en patrimonio cultural en Aragón, especialmente en lo referente a la arquitectura y a los centros históricos, se inscriben en buena medida en un modelo obsoleto, con operaciones mayoritariamente dirigidas a lo Monumental, a lo Arqueológico y a la renovación de los Conjuntos Históricos. En la práctica se define por su opacidad y ausencia rumbo, clientelismo, cateta obstinación, auspiciadora de los arribistas, dilapidadora del dinero público. Sigue sin aceptarse la participación ciudadana libre, no sujeta a los dictados políticos y todo ello a pesar de que gozamos de suficiente legislación protectora. En pocas palabras, hasta el 2009 la defensa del patrimonio arquitectónico no deja de ser toda una carrera de obstáculos. Desde el Gobierno de Aragón y desde muchos Ayuntamientos se está propiciando una política en patrimonio cultural de rentabilidad de imagen y conviene matizar, que éste, muy extenso en su contenido, forma parte de la ordenación del territorio, del paisaje, del medioambiente y por supuesto del urbanismo.

El especialista en jurisprudencia sobre patrimonio histórico, Pérez de Armiñán, presidente de Hispania Nostra, ya en 1997 se quejaba, “cada vez tenemos más restauración de monumentos y menos Patrimonio Histórico”. Esto ocurre incluso en operaciones que se venden muy a menudo como restauración y rehabilitación arquitectónica, procedimientos a menudo fraudulentos por cuanto suponen en la práctica perder la esencia del valor del supuesto bien a proteger, bien sea por vaciamiento (fachadismo) o alteración estructural incontrolada de los edificios históricos (sobreexplotación de monumentos), circunstancia que se suele dar a menudo en los concursos públicos, viciados por la propia administración ya de salida como consecuencia de las prescripciones técnicas impuestas, lo que hace casi inviable la conservación de los valores históricos del inmueble (¿qué va a pasar con el palacio Fuenclara de Zaragoza y con el antiguo Edificio-Hogar de Teruel propuesto para Museo Nacional de Etnografía?). Tampoco se puede obviar la formación de los profesionales de las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura cuyos estudios reglados durante muchas décadas no han favorecido para nada el imprescindible conocimiento en historia de la arquitectura y de la restauración arquitectónica. Quede bien claro que Apudepa está a favor de la arquitectura del movimiento moderno y de la contemporánea pero no de la destrucción de la arquitectura histórica y tradicional a costa de las actuaciones modernas.

Desde nuestro punto de vista las actuaciones de los últimos años en Aragón conculcan en abundantes casos nuestra Constitución vigente por cuanto en ésta se recoge textualmente que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España… la ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio” (art. 46). ¿Cumple el departamento de patrimonio Cultural de la DGA con estos objetivos? ¿Lo hacen los Consistorios municipales?

De la Constitución Española de 1978, de la UNESCO y de la Comunidad Europea, se derivan las actuales leyes que protegen nuestro patrimonio cultural. Advertiremos ya de entrada que si la legislación española “mal se cumple”, no decimos nada lo que está sucediendo con las leyes a nivel internacional. En la práctica, lo referente a la “Convención sobre la protección de patrimonio mundial, cultural y natural“ (UNESCO, 1972) se aplica de “aquellas maneras”, pues a resultas de la misma hoy día es impresentable la paradójica “ausencia de camino” que presenta el estado actual del ramal norte del el Camino de Santiago a su paso por el embalse de Yesa y ¿qué podríamos decir del reciente expolio de Cueva Chaves dentro del entorno protegido de Chaves I, II y III, patrimonio mundial por sus pinturas rupestres? De los tres Convenios del Consejo de Europa suscritos por España, el Convenio Europeo para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (1985), el Convenio de Aarhus sobre Participación Ciudadana (2004) y el Convenio Europeo del Paisaje (2008), poco hay que decir de su aplicación, ¿acaso han leído Vds. que la administración informe en prensa qué son los Convenios Europeos y sobre su contenido? Misterio. Es obvio que ni los unos ni los otros se conocen por el ciudadano a nivel de calle, lo que no es de extrañar, por cuanto desde la administración ni se promueve la información, ni la educación, ni la participación de los aragoneses en la conservación del Patrimonio Cultural. La autarquía define al departamento responsable de la DGA.

De las leyes de patrimonio cultural de 1985 y 1999 destacaría por su importancia la presencia del Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés registro administrativo que controla la DGA pero su página www.patrimonioculturaldearagon.com/ no cumple los objetivos mínimos: es incompleto el mencionado Catálogo y su contenido resulta de búsqueda tortuosa para cualquiera. También son importantes los Catálogos de los PGOU municipales pero muchos núcleos urbanos no los ponen en los medios telemáticos. Pongamos dos ejemplos, el Ayuntamiento de Zaragoza muestra bien las fichas catalográficas de los edificios históricos pero en Ejea de los Caballeros no se puede entrar al Plan General de Casco Histórico ni al PERI correspondiente porque aunque figuran los archivos como tales no se abren en su página web (www.ejea.net/nueva/index2.php , urbanismo, planeamiento). Por otra parte que los edificios figuren en el Catálogo no es ninguna garantía: unos inmuebles se descatalogan sin más; otros se dejan arruinar por la propiedad, ruina técnica y/o económica, con la beneplácito del Ayuntamiento. Tampoco es baladí que a menudo los mecanismos de selección son arbitrarios pues algunos edificios de interés no se catalogan y “naturalmente” muchos acaban en la ruina. Ni tan siquiera el catálogo es garantía de conservación ya que los Ayuntamientos para evitar esos vicios tienen obligación de dictar la correspondiente “orden de ejecución”. Sencillamente no lo suele hacer y para comprobarlo no hace falta nada más que darse una vuelta por los pueblos aragoneses. De todo ello se podría publicar un diccionario de la desidia administrativa.

Dicho lo anterior, es evidente que la falta de formación e información en esta materia hace que los ciudadanos se desentiendan del asunto y que la arquitectura popular e histórica sea pasto del derribo. En los centros históricos de cierta entidad el proceso que se sigue es el siguiente: dejar degradar los inmuebles; a continuación se abandona el lugar por los residentes de siempre y las “viejas” viviendas se ocupan por pobres, gitanos e inmigrantes hasta que los puedan echar para revalorizar el suelo. Detrás, los especuladores de turno. Zaragoza, Calatayud, Huesca y Fraga son ejemplos evidentes de mala gestión de los centros históricos con su constante renovación y actuación de fachadismo (mantenimiento casi exclusivo de las fachadas). En contraposición, la antigua Albarracín, bien rehabilitada arquitectónicamente, es el modelo para mostrar ante España. Ni PGOU, PERIs, ARIs y ARCH, contemplados en la Leyes de 1985 y 1999, ni los fondos europeos (Urban, Feder…) han dado solución al tema que el Consejo de Europa ha definido de forma concienzuda en la “Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975,” seña de identidad de la aplicación del término “conservación integrada” para las cascos antiguos. Entre otros, las capitales de Vitoria, Santiago de Compostela y Gerona lo han aplicado.

En suma, otro Departamento de Patrimonio Cultural es posible y deseable. Hay que cambiar el rumbo. Menos autarquía departamental, más compromiso y educación, mayor participación a todos los niveles, incluida, por supuesto, la ciudadanía.

Belén Boloqui
(APUDEPA)/Heraldo de Aragón, 31.ene.2010

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